La nueva Ley de Vivienda en España 2023 ya está en marcha y ya hay un acuerdo. Es un proyecto creado con el fin de generar un cierto orden en el sector inmobiliario relacionado con el derecho de habitación. Por tanto, esta normativa reconoce las competencias de las comunidades autónomas en materia de hogares y se pone en compromiso para aprobar todas aquellas herramientas que ayuden a hacer efectivo el derecho básico de todos los ciudadanos españoles.
Durante el mes de abril, el Gobierno se propone aprobar la ley de alquileres de manera definitiva. Si bien desde el sector del Ejecutivo se mantienen bastante optimistas con la medida, a su vez señalan que todo queda en manos de Nadia Calviño. Ahora es el Ministerio de Transportes, junto con la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, quienes deben confirmar esta última fase de la negociación.
Por otro lado, con el acuerdo de ERC y EH Bildu todo parece inmediato. ERC ha asegurado que la ministra de Transportes, en el mes de diciembre del año pasado, había dado a entender que estaba convencida de que se aprobaría el texto antes de terminarse el año. Igualmente, hay que tener en cuenta que las cosas han cambiado mucho durante estos últimos días.
Los integrantes de la dirección del grupo republicano comentan que no se les han garantizado sus demandas, las mismas son: la regulación de alquileres en zonas tensionadas o las alternativas habitacionales en caso de desalojos.
La iniciativa de la vivienda se mantiene en la agenda del mes y existen disposiciones políticas para limar ciertas diferencias que aún quedan por resolver.
¿Qué comenta el informe del Poder Judicial sobre la Ley de Vivienda?
El informe del Consejo General del Poder Judicial, establece que si bien el Estado tiene competencias en vivienda, eso no incluye el hecho de ordenar por completo el área ni duplicar o vaciar de contenido las atribuciones autonómicas.
Además, hace una fuerte crítica sobre la ley de alquiler de viviendas en España (específicamente sobre el control de alquileres), ya que considera que es un tema constitucionalmente delicado por el hecho de que se enfrentan o contraponen dos de los derechos primordiales: la propiedad privada y la función social del inmueble.
El Poder Judicial considera que es algo confuso el contenido del control de precios y pide evidencia empírica de que la medida realmente sea efectiva.
Si alquilas, estos son algunos de los cambios con respecto a la ley
El objetivo de esta ley es regular el precio del contrato de alquiler de vivienda en las zonas tensionadas, e imponer un recargo del IBI del 150% a aquellos inmuebles que se encuentren vacíos. A su vez, se creará un bono de 250 euros mensuales para ayudar a los jóvenes a que puedan independizarse.
Te contamos con más detalle algunos aspectos que deben tener en cuenta tanto los inquilinos como los propietarios:
- La regulación de los precios con respecto a las zonas tensionadas afecta a los dueños que alquilen sus pisos. Obviamente, el Estado y cada Comunidad Autónoma será quien catalogue a cada barrio o un municipio que presente estas condiciones. En el momento en que una zona sea declarada como “tensa”, tendrá una duración mínima de tres años prorrogables para que los importes de las viviendas de alquiler no suban rápidamente. El coste promedio correspondería al 30% de los ingresos medios de todos los habitantes del lugar.
- Limitaciones a grandes propietarios: estos son aquellos que cuentan con más de 10 viviendas en su propiedad o ya sea con una superficie construida de más de 1.500 m2. Tendrán que adaptar el precio de sus alquileres al índice de referencia de la zona donde se encuentran ubicados para aquellas viviendas que se encuentren en zonas de tensión, limitando el valor del alquiler al precio del anterior contrato.
- El impuesto a pisos vacíos: la nueva ley sumará un impuesto para las propiedades vacías a través del recargo de los impuestos de inmuebles (IBI) hasta el 150% dependiendo el caso y con excepciones. Aquellas viviendas que lleven vacías más de dos años, para los dueños de más de cuatro casas o departamento en el mismo municipio, el Gobierno, para incentivar a los contratos de alquiler, permitirá a los municipios subir la tasa del IBI para los sitios vacíos con un recargo de hasta el 150.
Actualización IPC
Se elimina el IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos. Durante 2023 se aplicará el límite del 2% en vigor, mientras que en 2024 será del 3% y en adelante se creará un nuevo índice en estos términos, más estable e inferior a la evolución del IPC, que tope los aumentos de la renta por la renovación anual.
Vivienda protegida
Los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida aumentan del 30 al 40% en el suelo urbanizable (actuaciones de nueva urbanización) y del 10 al 20% en suelo urbano no consolidado (actuaciones de reforma o renovación de la urbanización).
Desahucios
Respecto a los desahucios, se prohíbe que se lleven a cabo sin fecha y hora predeterminada. También se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos más de 2 años, y se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales para las personas vulnerables.
Además, las CCAA podrán articular mecanismos propios de mediación y alternativa habitacional que consideren oportunos.
Por primera vez se reconoce la capacidad de poder utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda a ofrecer alternativas habitacionales para personas en riesgo de desahucio mediante alquileres sociales bonificados, realojamientos de personas en situación de vulnerabilidad o cualquier otra política que tenga como objetivo ofrecer alternativa habitacional a estas personas y familias.
